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La Iniciativa de Ley 6593, conocida como "Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo", se encuentra en las primeras etapas del proceso legislativo en el Congreso de la República de Guatemala.
Acá los aspectos más relevantes de la legislación actual, los cambios previstos y las mejores prácticas mundiales en materia de prevención de lavado de dinero -LD y financiamiento de terrorismo -FT.
Legislación Actual sobre Prevención de Lavado de Dinero en Guatemala
La legislación actual en Guatemala para la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LDFT) está fundamentada en dos normativas principales:
Decreto 67-2001: Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos
Promulgada el 11 de diciembre de 2001, esta ley establece medidas para prevenir, controlar y sancionar el lavado de dinero. Define el lavado de dinero como el proceso de dar apariencia de legalidad a fondos obtenidos ilícitamente. Establece obligaciones para entidades financieras y no financieras (bancos, casas de cambio, notarios, casas de empeño, etc.) de reportar transacciones sospechosas a la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB). Incluye procedimientos y controles internos, pero carece de actualizaciones significativas desde su entrada en vigor, lo que la hace obsoleta frente a las nuevas tecnologías y métodos delictivos. No aborda explícitamente el concepto de "beneficiario final" ni regula sectores emergentes como los proveedores de activos virtuales.
Limitaciones de la Legislación Actual:
Obsolescencia: Las leyes de 2001 y 2005 (Financiamiento de Terrorismo) no han sido actualizadas para reflejar avances tecnológicos (ej., criptomonedas) ni las nuevas tipologías de lavado de dinero.
Fragmentación: La separación entre las leyes de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo dificulta una aplicación cohesiva.
Falta de enfoque en beneficiarios finales: No hay requisitos claros para identificar a las personas detrás de las transacciones, lo que permite a los delincuentes ocultar su identidad.
Alcance limitado de sujetos obligados: No incluye sectores emergentes como proveedores de activos virtuales o empresas de apuestas.
Debilidad en el enfoque basado en riesgos: Las normativas no priorizan la identificación, evaluación y mitigación de riesgos específicos, un estándar clave del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Análisis de la Iniciativa de Ley 6593
La Iniciativa de Ley 6593, presentada el 28 de julio de 2025 por el Ejecutivo guatemalteco, busca modernizar y unificar el marco legal contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Aunque no tengo acceso al texto completo del documento, los resultados de búsqueda proporcionan detalles clave sobre su estructura y objetivos.
Características Principales:
Estructura: Consta de seis títulos y 126 artículos, fusionando las normativas de 2001 y 2005 en una sola ley integral.
Objetivo: Actualizar el marco legal para alinearse con los estándares internacionales del GAFI, proteger la estabilidad del sistema financiero y evitar la inclusión de Guatemala en la "lista gris" del sistema financiero internacional.
Nuevos Sujetos Obligados: Amplía el universo de entidades que deben reportar transacciones sospechosas, incluyendo:
Proveedores de servicios de activos virtuales (criptomonedas).
Notarios y profesionales universitarios que presten servicios jurídicos o económicos. Empresas de bingos, quinielas, concursos o vaticinios deportivos.
Enfoque en Beneficiario Final: Introduce la obligatoriedad de identificar a las personas o entidades que están detrás de las transacciones financieras, aumentando la transparencia.
Fortalecimiento del Régimen Preventivo:
Exige procedimientos internos obligatorios y la designación de oficiales de cumplimiento en entidades públicas y privadas.
Implementa un enfoque basado en riesgos para identificar, evaluar y mitigar amenazas.
Sanciones más Severas: Propone penas de hasta 30 años de prisión para casos graves de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
Reformas Complementarias: Modifica el Código Penal, Código de Comercio, Código de Notariado, Ley contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Servicios de Seguridad Privada para alinearlas con los objetivos de la nueva ley.
Controles en Contratación Pública: Incluye a proveedores y contratistas del Estado en medidas de debida diligencia, aunque no como sujetos obligados directos, para combatir la corrupción.
Apoyo Técnico Internacional: El proyecto fue desarrollado con la colaboración del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), asegurando su alineación con estándares globales.
Avances de la Iniciativa 6593 frente a la Legislación Actual:
Unificación Normativa: Combina las leyes de 2001 y 2005 en un solo instrumento, eliminando la fragmentación y facilitando su aplicación.
Ampliación de Sujetos Obligados: Incluye sectores emergentes como los proveedores de activos virtuales, respondiendo a las recomendaciones del GAFI (Recomendación 15).
Enfoque Basado en Riesgos: Adopta un enfoque proactivo para identificar y mitigar riesgos, alineándose con las mejores prácticas internacionales.
Identificación del Beneficiario Final: Cierra un vacío crítico al exigir mayor transparencia sobre quiénes controlan los recursos financieros.
Fortalecimiento Institucional: Establece oficiales de cumplimiento y procedimientos internos obligatorios, mejorando la capacidad de las entidades para prevenir el lavado.
Sanciones Más Duras: Aumenta las penas, lo que refuerza el componente represivo y disuasorio.
Prevención en Contratación Pública: Introduce controles para proveedores del Estado, atacando la corrupción en un sector vulnerable.
Preparación para Evaluaciones Internacionales: Diseñada para cumplir con las evaluaciones del GAFI previstas para 2027, evitando sanciones como la inclusión en la lista gris.
Alineación de la Iniciativa 6593 con las Mejores Prácticas Internacionales
La Iniciativa de Ley 6593 muestra una alineación significativa con las mejores prácticas internacionales, aunque hay áreas que podrían requerir mayor detalle (sujeto a revisión del texto completo):
Enfoque Basado en Riesgos: La iniciativa adopta explícitamente este enfoque, lo que está en línea con la Recomendación 1 del GAFI. Esto permite a las entidades priorizar recursos en áreas de mayor riesgo.
Ampliación de Sujetos Obligados: La inclusión de proveedores de activos virtuales, notarios y empresas de apuestas responde a las Recomendaciones 15 y 22 del GAFI, abordando sectores vulnerables que no estaban regulados en la legislación anterior.
Identificación del Beneficiario Final: La exigencia de identificar a los beneficiarios finales se alinea con la Recomendación 24, mejorando la transparencia y dificultando el ocultamiento de fondos ilícitos.
Debida Diligencia y Reporte de Transacciones Sospechosas: La iniciativa refuerza la debida diligencia y el reporte obligatorio, cumpliendo con las Recomendaciones 10 y 20.
Sanciones Más Severas: Las penas de hasta 30 años de prisión cumplen con la Recomendación 35, asegurando un enfoque disuasorio.
Cooperación Internacional: Aunque no se detalla explícitamente en los resúmenes, la colaboración con el FMI, BID y Banco Mundial sugiere que la iniciativa está diseñada para facilitar el cumplimiento con estándares internacionales, lo que podría incluir cooperación transnacional (Recomendaciones 36-40).
Fortalecimiento Institucional: La creación de oficiales de cumplimiento y procedimientos internos obligatorios fortalece la capacidad de las instituciones, en línea con la Recomendación 29.
Posibles Áreas de Mejora:
Capacitación y Recursos para la IVE: No se menciona explícitamente si la iniciativa incluye financiamiento o capacitación para la Intendencia de Verificación Especial, lo cual es crucial para la implementación efectiva (Recomendación 29).
Cooperación Internacional Detallada: La iniciativa debería especificar mecanismos claros para el intercambio de información con otras UIF, como lo exigen las Recomendaciones 36-40.
Implementación Tecnológica: Dado el auge de las criptomonedas y la inteligencia artificial en delitos financieros, la iniciativa podría beneficiarse de disposiciones específicas sobre herramientas tecnológicas para monitoreo y análisis.
Plazos de Implementación: Aunque se menciona la urgencia de aprobar la ley en 2025 para la evaluación del GAFI en 2027, no está claro si hay un plan detallado para la implementación gradual, lo cual es crítico para su efectividad.
La Iniciativa de Ley 6593 representa un avance significativo sobre la legislación actual en Guatemala al unificar y modernizar el marco normativo, ampliar los sujetos obligados, introducir el concepto de beneficiario final y adoptar un enfoque basado en riesgos.
Estas mejoras abordan las principales limitaciones de las leyes de 2001 y 2005, que han qeudado obsoletas y fragmentadas. La iniciativa está bien alineada con las mejores prácticas mundiales del GAFI, especialmente en términos de debida diligencia, reporte de transacciones sospechosas y regulación de sectores emergentes como los activos virtuales.
Creado con ayuda de IA.