La futura Ley de Integridad Pública obligará a pymes y autónomos a implantar sistemas efectivos de prevención del fraude y la corrupción, con sanciones e incluso bloqueos de actividad para quienes no cumplan. Soledad Cabral, manager de Risk Advisory Services de la firma, analiza el impacto del nuevo control antifraude. 

El nuevo control antifraude

El anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública obligará por primera vez a pequeñas y medianas empresas y a micropymes a implantar sistemas de cumplimiento efectivo, con sanciones reales si no demuestran controles internos contra fraude o corrupción. La futura norma deja atrás el modelo voluntario y convierte la integridad corporativa en una exigencia legal que afectará directamente a pymes y autónomos societarios, sea cual sea el tamaño de su negocio. Para muchos pequeños negocios, el cambio más relevante no será solo la obligación formal, sino las consecuencias de no adaptarse a tiempo en un entorno regulatorio más exigente. “Más allá de una multa económica que puede ser cuantiosa, el riesgo real es el bloqueo de la actividad comercial y la viabilidad del proyecto”, advirtió a este diario Soledad Mariel Cabral, manager de Risk Advisory Services de RSM.

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