España vuelve a hablar de inmigración como casi siempre: a golpe de relato. Esta vez, el foco está en la regularización extraordinaria de personas en situación irregular. La medida puede defenderse desde la realidad social, desde la lógica económica e incluso desde la necesidad administrativa. Hay personas que llevan años aquí, trabajando, viviendo, formando familias y sosteniendo sectores enteros de la economía sin un encaje legal suficiente. Negarlo sería absurdo.


La seguridad jurídica en inmigración

 

Pero una cosa es regularizar una realidad y otra muy distinta es el mensaje político que se lanza al hacerlo. Porque cuando el Estado abre una vía extraordinaria para quien ha permanecido al margen del sistema, también está diciendo algo sobre el valor del cumplimiento. Y lo que transmite no es precisamente tranquilizador: que entrar por la puerta correcta no siempre compensa más que esperar el tiempo suficiente en la irregularidad hasta que llegue una solución excepcional.


Además, no se trata de una regularización especialmente exigente. El umbral es extraordinariamente bajo si se compara con otras vías del sistema: basta con acreditar cinco meses de permanencia continuada en España.  No se exige acreditar un nivel de idioma. No se exige un verdadero arraigo social en el sentido en que tradicionalmente se ha venido exigiendo en otras figuras. No se exige demostrar un grado real de integración más allá de la presencia en territorio español y el cumplimiento formal de unos requisitos mínimos. Y ni siquiera se está hablando de personas que hayan seguido durante años el cauce ordinario, sino precisamente de quienes han permanecido fuera de él.


Ese dato cambia por completo el enfoque. Porque ya no estamos ante una respuesta excepcional a situaciones particularmente consolidadas y difíciles de resolver por los cauces normales. Estamos ante un mensaje mucho más amplio: el sistema puede flexibilizarse de manera muy intensa para quien no entró o no permaneció dentro de la legalidad ordinaria. Y eso rebaja el valor simbólico y práctico del cumplimiento.


La polémica reciente con el Ministerio fue especialmente reveladora por eso. En la campaña difundida para explicar el proceso se trasladó la idea de que no era necesario contratar abogado para la regularización y de que habría colaboradores gratuitos para asistir a los interesados. La intención aparente era presentar el procedimiento como accesible, sencillo y al alcance de cualquiera. Pero el efecto fue otro: se proyectó la imagen de que un expediente de extranjería, con todo lo que implica para la residencia, el trabajo y la estabilidad de una persona, es poco más que un trámite administrativo menor.


Y ahí estalló el conflicto. La reacción del sector jurídico no vino solo porque se dijera que el abogado no era obligatorio. Vino porque el mensaje de fondo era mucho más agresivo: se sugería que acudir a un profesional especializado era casi innecesario, como si la complejidad de extranjería fuera una exageración de quienes trabajan en ella. Incluso se deslizó la idea de que lo importante era evitar intermediarios, como si el verdadero problema estuviera en la asistencia jurídica y no en la enorme fragilidad técnica del propio procedimiento.


Eso es lo que encendió la polémica. No una cuestión corporativa, sino una cuestión institucional. Porque en extranjería no se discuten sólo formularios. Se discute si una persona podrá residir legalmente, trabajar, reagrupar a su familia, evitar sanciones o construir una vida estable en España. Presentar todo eso como si fuera un trámite casi automático banaliza la trascendencia jurídica de lo que está en juego.

 

Sin embargo, lo más llamativo no está solo en esa torpeza comunicativa. Está en el contraste brutal con el trato que España ha dispensado al inmigrante inversor. Durante años, el mensaje fue clarísimo: España quería atraer perfiles con recursos propios, seguro médico, ausencia de antecedentes, inversión acreditada y capacidad para no convertirse en una carga para el sistema. Se diseñaron vías específicas para ese perfil. Se le invitó a venir. Se le presentó como el ejemplo de una inmigración ordenada, solvente y jurídicamente impecable.

 

 Autonomía económica, previsibilidad y respeto por las reglas

 

No estamos hablando de personas a las que se les regalara nada. Más bien al contrario. Se les exigía acreditar medios económicos suficientes, cobertura sanitaria privada, cumplimiento documental estricto y carencia de antecedentes. Es decir, se les pedía exactamente aquello que cualquier Estado serio dice querer de quien pretende instalarse en su territorio: autonomía económica, previsibilidad y respeto por las reglas.

 

Y luego llegó el giro. Ese mismo extranjero que había hecho exactamente lo que se le pedía pasó a ser tratado como problema. No porque hubiera incumplido. No porque hubiera engañado al sistema. No porque hubiera dependido del Estado o generado una carga pública. Al contrario: cumplía con todo. Y, aun así, acabó siendo señalado en el debate público como símbolo de especulación, desigualdad o tensión inmobiliaria.

 

España, en términos políticos y narrativos, criminalizó al inversor que cumplía, el “inmigrante malo”. Ese es el núcleo de la incoherencia. Al extranjero que siguió las reglas, acreditó solvencia, respetó el procedimiento y asumió todas las cargas exigidas, se le acabó presentando como sospechoso. Al que entró o permaneció fuera del sistema, se le ofrece ahora una vía extraordinaria de incorporación con un discurso mucho más comprensivo y con un listón objetivamente más bajo.

 

Porque el mensaje existe, y es demoledor. A unos se les exigió casi todo: dinero limpio, cobertura sanitaria, ausencia de antecedentes, estabilidad económica y garantía de no depender del sistema público. A otros les bastan cinco meses de permanencia, sin exigencia real de idioma ni pruebas fuertes de arraigo social, para acceder a una vía extraordinaria de regularización. El listón, evidentemente, no ha sido el mismo.

 

Y cuando el listón baja para quien no entró por la vía regular, mientras se demoniza al que sí lo hizo, la conclusión es inevitable: España no está premiando el cumplimiento, sino adaptando su criterio al clima político del momento.

 

Eso es lo que erosiona la seguridad jurídica. No la regularización en sí. No el cambio de modelo en sí. Sino la sensación de que cumplir rigurosamente no garantiza nada, mientras que la excepcionalidad acaba produciendo sus propias recompensas. Y para cualquier extranjero que quiera vivir, invertir o establecerse en España, ese no es un detalle menor, es la señal más importante de todas.

 

Autores: Juan Carlos Lois, socio del equipo de Movilidad Internacional.