La Ley de Inocencia Fiscal introduce una modificación relevante en el Régimen Penal Tributario mediante la actualización de los umbrales objetivos de punibilidad, que no habían sido revisados desde la reforma del año 2017.

La falta de actualización de estos montos, en un contexto de alta inflación, generaba que conductas de escasa relevancia económica fueran encuadradas como delitos tributarios, con el consecuente impacto para los contribuyentes y el sistema judicial.

Con la nueva normativa, se elevan significativamente los montos mínimos de tributos evadidos o apropiados necesarios para configurar un delito, tanto en materia de impuestos como de recursos de la seguridad social, orientando la persecución penal hacia casos de mayor gravedad.

Asimismo, se incorporan mecanismos que priorizan la regularización voluntaria y la reparación del daño, incluyendo la posibilidad de extinguir la acción penal mediante el pago del tributo adeudado con un adicional, y se establece un esquema de actualización automática por UVA a partir del año 2027.

Desde RSM Argentina, compartimos un análisis técnico y práctico de estas modificaciones y sus principales implicancias.