Aunque las pymes constituyen casi el 100% del tejido empresarial español, su participación en contratos públicos sigue siendo limitada. Fernando Cacho, socio de Derecho Público de RSM, analiza en su último artículo los retos que persisten desde la Ley 9/2017 y cómo las recomendaciones de la CNMC pueden contribuir a crear un marco más accesible y competitivo para las pymes. 

Pymes en la contratación pública

Para analizar esta cuestión es indispensable recordar las menciones que ya se introducían en el Preámbulo de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (Ley 9/2017) al respecto. La citada norma entre otras cuestiones pretendía atender y facilitar la participación en la esfera de la contratación pública, de las pequeñas y medianas empresas (pymes) que representan el 99,8% del tejido empresarial español en términos de número de empresas y el 63,8% en términos de empleo.

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