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por Jorge Gutfraind.
Días pasados, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de su titular el Economista Gabriel Oddone anunció la implementación de una batería de medidas tendientes a reducir o facilitar el proceso burocrático en el comercio exterior de bienes y servicios.
¿Podemos asimilar esto al proceso desregulatorio iniciado en la República Argentina? Entendemos que no, y sobre todo porque si bien nuestro país en la materia no es la panacea, tampoco es asimilable nuestra regulación del comercio exterior a las densas “telarañas” burocráticas existentes en los países vecinos.
Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, el conjunto de medidas anunciadas por el MEF, parecen el comienzo de un camino acertado.
“… las medidas, que buscan generar regulaciones más eficientes, se basan en siete principios básicos: (i) revisar gravámenes, (ii) sustituir certificados por declaraciones, (iii) eliminar licencias administrativas, (iv) digitalizar, (v) optimizar instrumentos, (vi) mejorar procesos de registro de productos regulados, (vii) cambiar intervenciones preceptivas por optativas”
Si bien según se anuncia estas medidas tendrían un beneficio de 20 millones de dólares para las empresas, y alcanzarían al 75% de los 800.000 documentos que se procesan anualmente en la gestión del comercio exterior, entendemos que lo más significativo no está en los aspectos cuantitativos, sino en los aspectos filosóficos de las medidas.
Algunas de estas medidas tienen un carácter meramente administrativo y pueden llegar a ser de efecto inmediato, mientras que otras implican reformas al marco normativo legal, lo cual implica caminar un proceso de negociación para legislar al respecto.
De cualquier forma, lo más importante es que las medidas permiten avanzar en la eliminación de costos y trabas al comercio exterior, dicho de otro modo, hay un reconocimiento explícito de que Uruguay debe profundizar su inserción internacional profundizando aún más su libertad de comercio.
A modo enunciativo (y no taxativo) citamos de las medidas enunciadas:
- Reducción en un 20% la tasa que cobra el LATU a las exportaciones.
- Eliminar anticipos diferenciados de IRAE e IVA ventas a las materias primas
- Eliminación de exigencia de certificados negativos o en algunos casos de doble certificación.
- Digitalización de los certificados fitosanitarios de importación y exportación, y de los documentos de carga terrestre.
- Simplificación de los procesos de prórroga de Admisión Temporaria.
- Facultar al Poder Ejecutivo sobre la no preceptividad del Despachante de Aduana en operaciones de comercio exterior. En una primera etapa para operaciones cuya cuantía no exceda 15.000 dólares en las exportaciones y 10.000 en las importaciones y tránsitos.
