Uruguay ha mantenido durante los últimos 20 años un proceso de actualización bastante regular de su normativa contable. Si dejamos afuera el sector público y el sector financiero, podemos identificar en los Decretos 124/011 y 291/014 y algunos  complementarios, las últimas actualizaciones con carácter general. Más allá de situaciones particulares, podemos considerar que estamos bastante al día en la materia. En esa actualización corresponde destacar el importante papel que ha jugado la Comisión Permanente de Normas Contables Adecuadas.

Esta actualización ha incorporado el cambio de algunos paradigmas de la contabilidad, dentro de los cuales, el más relevante sin lugar a dudas es el paso del costo histórico (“los bienes o derechos se contabilizan por su costo histórico – adquisición -  y éste se mantiene a lo largo del tiempo) al valor razonable (asimilable al “valor de mercado”).

Sin duda, la actualización normativa en materia contable es un hito relevante en el proceso de dotar a la información de la necesaria transparencia, que permita un uso adecuado por los distintos agentes económicos (en especial inversores extranjeros).

Por el contrario, las “normas fiscales de valuación” (aquellas que aplican los distintos contribuyentes para la determinación de sus tributos ante la Dirección General Impositiva), salvo muy pequeñas y no relevantes situaciones, han permanecido incambiadas en el mismo período. Ni siquiera la entrada en vigencia de la última ley de reforma tributaria a partir del 01.07.2007, las ha modificado.

La existencia de diferencias entre unas y otras (normas contables vs normas fiscales) es un hecho relevante, y decididamente conspira contra una valoración adecuada de los costos impositivos y distorsiona la carga tributaria.

El tratamiento de los créditos incobrables, la eliminación del ajuste fiscal por inflación[1], la imposibilidad de incorporación del valor total de inmuebles adquiridos a no contribuyentes de IRAE[2], la valuación del activo fijo, el no uso fiscal de la moneda funcional distinta al peso uruguayo, la imposibilidad de valuar bienes a su valor de mercado, son sólo algunos ejemplos (la lista puede ser mucho más larga) de diferencias entre el tratamiento contable y fiscal de la información económica de la empresa.

Un simple análisis de los hechos mencionados da la pauta de las dificultades a las que se enfrentan los empresarios para una determinación acertada del impacto de sus tributos.

Lo referido no es únicamente un problema de dificultad en la determinación de los tributos o de presentación de estados contables, sino que el contribuyente, hoy en día está tributando impuestos sobre “ganancias” o “patrimonios” cuyo valor (monto imponible) difiere sensiblemente de la realidad.

 

[1] Sobre este tema nos ocuparemos en una instancia posterior

[2] Ídem