Hace pocos días se publicó un excelente artículo de Robert Dohrer, RSM – Quality & Risk Global Leader, del cual extrajimos algunos datos y comentarios realmente interesantes.

El 80% de las jurisdicciones alrededor del mundo han adoptado las Normas Internacionales de Auditoría (ISAs por su sigla en inglés) emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento (IAASB por su sigla en inglés).

El 60% de las jurisdicciones han adoptado el Código de Ética para contadores profesionales, emitido por el Comité de Normas de Ética para Contadores (IESBA).

Estas normas profesionales mencionadas refieren al trabajo de los contadores, a la información que brindan y a los requisitos que esos mismos contadores deben cumplir para el desempeño de su profesión, y dentro de estos últimos tienen vital importancia aquellos que refieren a su independencia, objetividad y competencia profesional.

En un ambiente de negocios absolutamente globalizado, donde los “tomadores de decisiones” necesitan recibir información, sistemática, consolidada y confiable, la adhesión a esas normas de los contadores responsables de esa tarea no es un tema menor.

¿Qué sucede en Uruguay?

Hasta el presente los contadores públicos hemos sido renuentes a nuestra adhesión a esas normas. Es verdad que adherimos a las Normas Internacionales de Auditoría, y también es cierto que hemos desarrollado nuestro propio Código de Ética, pero en ambos casos con limitaciones.

En primer lugar porque la profesión no está “colegiada y/o matriculada”. La afiliación al Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (único órgano emisor en nuestro país de normas profesionales para contadores) es absolutamente voluntaria y por tanto su incumplimiento no es punible o sancionable efectivamente.

En segundo lugar, porque en materia de normas de auditoria y aseguramiento, servicios relacionados y control de calidad hemos optado por un sistema de adopción “con retardo” y parcial en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la independencia como requisito para algunos servicios relacionados.

Pero, a esta altura, a nuestro juicio lo más grave es que nos hemos resistido a un proceso de educación y desarrollo profesional continuo y obligatorio que permita certificar nuestra competencia profesional.

Esto último en un entorno absolutamente dinámico y de cambios (tecnológicos, normativos y profesionales) es impensable que pueda continuar así.

Algunos podrán decir que el mercado terminará beneficiando a los más responsables y que cumplan por su cuenta con su entrenamiento y actualización. Pero este razonamiento no es válido si pensamos que de alguna forma la profesión de contador en Uruguay tiene “reserva legal” desde el momento que existen informes, certificados y documentos que solo pueden ser emitidos por contadores públicos. En este entorno ganarán no  los más capacitados y más actualizados, sino únicamente los más baratos, y esto para el Uruguay y su clima de negocios decididamente no es positivo.