por Jorge Gutfraind.

Hace bastante tiempo que venimos oyendo al sector privado, y sobre todo a algunos sectores importantes del mismo, de que el país padece de falta de competitividad y que ello tiene su origen en el atraso cambiario. “El dólar está subvaluado frente al peso uruguayo”.


Los principales reclamos provienen básicamente del sector agroexportador y la industria manufacturera, y reclaman una intervención directa del Banco Central del Uruguay (BCU) al respecto.


¿Cuál ha sido la posición del BCU? ¿Cuáles son los fundamentos que ha manejado el BCU hasta el presente? 


La semana anterior, el BCU resolvió recortar su tasa de interés en 25 puntos básicos, desde 9,25% a 9%, y ello lo hizo en un contexto de expectativas de inflación cercano al 4,5%. Además, remarca que en esas mismas expectativas coinciden analistas, empresarios y mercados financieros.


Por otra parte, remarcó que el saldo de la cuenta corriente de ingresos y egresos de dólares producto de transacciones comerciales presenta un superávit del 3,5% del PIB.


En la misma instancia afirmó que el próximo 31 de agosto se cumplirán cuatro años desde la última intervención directa del BCU en el mercado cambiario.


Frente a este panorama, parece claro a esta altura que, si el sector privado entiende que tiene un problema de competitividad, su solución no va a venir por el lado de la intervención del BCU sobre el tipo de cambio.


Parecería desprenderse de la información del BCU, que tiene una divergencia respecto a los reclamos del sector privado referido. Ahora bien, si dicho sector entiende (y a nuestro juicio con alguna dosis de razón) que existe un problema de competitividad, debería buscar una solución que decididamente no vendrá a través de la intervención del BCU sobre el tipo de cambio. 


¿Pueden el gobierno y el sector privado mejorar la competitividad con independencia de la intervención sobre el tipo de cambio? Sí por supuesto, y corresponde hacerlo.


Para empezar el Gobierno Central debe actuar sobre el déficit fiscal, y consecuentemente sobre sus impactos. Existen problemas a nivel del propio Gobierno Central y sus ineficiencias, gastos excesivos, malas inversiones y activos excedentes. ¿Qué sucede con las tarifas públicas y con los aportes que realiza desde rentas generales a los diferentes “subsistemas de seguridad social”? También hemos visto inversiones recientes de dudosa credibilidad.  No parece tener margen para actuar sobre los ingresos (¿incremento de impuestos?). Va a tener que actuar sobre el gasto, lo cual no parece sencillo, cuando existen muchas prioridades para atender. 


A nivel privado, y en general en el país a todo nivel, la eficiencia parece un tema a resolver, y su impacto sobre la competitividad parece obvio.


Otro factor determinante es sin duda el costo salarial, y mas que el costo salarial propiamente dicho, su sistema de ajuste atado a diversos índices. El Gobierno Central en general y el propio Ministro de Economía lo tienen claro. La desindexación puede ser un punto central. El sector privado está en línea con ello, los sectores sindicales se oponen férreamente. No es sencillo, pero ahí el Gobierno juega un papel crucial, no va a poder abstenerse. El camino de la negociación parece el más adecuado. Esperemos.


Para terminar el factor tecnológico puede incidir, la incorporación de tecnología sobre los sistemas productivos en los distintos sectores puede y debe colaborar en la  mejora de la eficiencia, en la disminución de costos de producción y a partir de ello en mejorar la competitividad.


El tema está sobre la mesa.