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COVID-19: medidas para la reactivación económica

Como era esperable, si bien el origen de la crisis es innegablemente sanitario, las consecuencias a nivel social y económico, son a esta altura una realidad, y absolutamente inseparables unas de otras.

Desde un primer momento el gobierno centró sus medidas en la atención de los efectos sanitarios y sociales derivados de la crisis: reforzar la estructura sanitaria, los recursos humanos e insumos necesarios; flexibilización del seguro de desempleo, subsidios a sectores más vulnerables.

Hoy, que los efectos sanitarios parecen irse atenuando, las medidas apuntan a la reactivación económica, o por lo menos a mitigar sus efectos en ese campo. Como es tradicional, las dos herramientas básicas sobre las cuáles se trabaja son la política monetaria y la política fiscal.

¿Qué ha sucedido en materia de política monetaria?

En materia de política monetaria, el principal actor, el Banco Central del Uruguay (BCU) se movió con rapidez.

En los primeros días de la crisis, por medio de las Comunicaciones 2020/040 y 2020/049 autorizó a las instituciones financieras a prorrogar los vencimientos crediticios, sin por ello tener que “castigar con efecto patrimonial” dichos créditos. En esta materia el “principal actor fue el Banco de la República”

Posteriormente, con fecha 01.04.2020, el directorio del BCU dispuso “la disminución de sus encajes mínimos no obligatorios en moneda nacional y unidades indexadas, en lo relativo al incremento en el crédito vigente de cada institución otorgado al Sector Privado No Financiero (...) tomando como referencia  el 29 de febrero de 2020 y hasta el 30 de junio de 2020”.

Ahora tanto el Banco de la República como la ANDE, han reforzado sus líneas de crédito destinadas a pequeñas y medianas empresas.

Sin perjuicio de todo lo anterior, todo parece indicar que el gobierno está esperando un comportamiento mucho más proactivo del sector financiero privado.

¿Qué ha sucedido en materia fiscal?

Una vez conocida la aprobación del Impuesto Emergencia Sanitaria COVID-19, que grava las remuneraciones y prestaciones nominales, en efectivo o en especie, derivadas de servicios personales prestados al Estado, Gobiernos Departamentales, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados, entre otros, comienzan a conocerse nuevas medidas o intenciones del gobierno en materia fiscal.

En la semana que termina se conoció la modificación del Decreto que regula la construcción de vivienda social, donde las medidas apuntaron a la eliminación de los topes de precios y alquileres, así como a la flexibilización de las restricciones en metrajes de unidades. El propósito innegable de estos cambios es atraer mayor inversión en la materia, y reactivando el sector de la construcción, motor conocido.

Ahora, en el mismo sentido,  el gobierno anuncia un plan de exoneraciones importantes del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas a “megaproyectos de inversión”.

¿Pueden esperarse más medidas en el campo fiscal? Creemos que sí, y seguramente se orientarán a una mayor promoción del empleo, pero tampoco  habría que descartar algunas dirigidas a incrementar la recaudación fiscal, por el lado de los Impuestos a la Renta y al Patrimonio de las Personas Físicas.

 

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Autores

Jorge Gutfraind
Socio Director & Managing Partner