El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) es un nuevo marco normativo dirigido a los servicios intermediarios, con el objetivo de mejorar la seguridad en el entorno digital, proteger los derechos fundamentales de los usuarios y establecer condiciones equitativas para las empresas. Sus objetivos principales incluyen la creación de un espacio digital más seguro, la definición de las obligaciones de las grandes plataformas en línea y la abordar desafíos digitales como el contenido ilícito, el discurso de odio y la desinformación.

El DSA se aplica a proveedores de servicios intermediarios que tienen su lugar de establecimiento o residencia en la Unión Europea, incluyendo servicios de alojamiento de datos, motores de búsqueda en línea, redes sociales y marketplaces. La aplicación se basa en el país donde se presta el servicio, no en el origen del proveedor. El reglamento entrará en vigencia en su totalidad a partir del 17 de febrero de 2024 para las plataformas con menos de 45 millones de usuarios activos.

El DSA impone una serie de medidas y obligaciones, que incluyen establecer puntos de contacto, designar representantes legales, definir condiciones para restringir el acceso a los servicios, proporcionar transparencia informativa, establecer mecanismos de notificación y acción, y notificar sospechas de delitos. También se requiere la creación de un sistema interno de tramitación de reclamaciones, prioridad para avisos de alertadores fiables, obligaciones adicionales de transparencia, trazabilidad de los comerciantes, evaluación de riesgos, mecanismos de respuesta a crisis, auditorías independientes, opciones diferentes a sistemas de recomendación y transparencia en la publicidad en línea, o la implementación de una tasa de supervisión según sean plataformas y motores de búsqueda de gran tamaño, plataformas online, servicios de alojamiento o servicios de intermediación.