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En España, superar el umbral de 50 empleados representa un punto crítico para muchas pequeñas y medianas empresas. Lejos de ser un signo claro de crecimiento, este hito suele convertirse en un freno para su desarrollo debido al notable aumento de las obligaciones legales, administrativas y organizativas que conlleva. Este fenómeno, denominado “efecto empleado 50”, impone a las empresas un marco normativo más riguroso que, según el nuestro abogado laboralista, Alejandro Duque, puede resultar especialmente gravoso para aquellas pymes que carecen de una estructura interna sólida o representación sindical.

 

El “efecto empleado 50”


Entre las principales obligaciones que se activan al alcanzar este umbral se encuentran la elaboración de un Plan de Igualdad —que exige un diagnóstico previo, negociación con los representantes legales de los trabajadores o los sindicatos y su registro en el REGCON—, así como la auditoría retributiva, para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres.

 

Además, las empresas deben reservar al menos el 2% de su plantilla a personas con discapacidad superior al 33%, implementar un canal interno de denuncias, y establecer un protocolo LGTBI frente al acoso y la violencia por razón de orientación sexual o identidad de género.

 

Altos riesgos legales y económicos para las pymes


El incumplimiento de estas obligaciones puede acarrear sanciones de hasta 225.000 euros, cifra que puede superar el millón de euros en caso de no contar con un canal interno de denuncias. “El riesgo sancionador es el más evidente, pero no el único”, alerta Duque. “Las empresas también se exponen a reclamaciones individuales y colectivas, recargos de prestaciones, indemnizaciones y daños reputacionales que pueden poner en peligro su viabilidad”.

 

En este contexto, muchas pymes optan por no ampliar plantilla para evitar cruzar el umbral, lo que contribuye al reducido tamaño medio de las empresas en España y limita su capacidad de crecimiento y competitividad. A ello se suma una mayor presión por parte de la Inspección de Trabajo, que intensifica su control a partir de los 50 empleados, así como el endurecimiento de ciertas condiciones recogidas en convenios colectivos.

 

 

 

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