La economía circular propone un cambio en la forma en que producimos y consumimos. A diferencia del modelo tradicional de “producir, usar y desechar”, este enfoque busca mantener los productos y materiales en uso durante el mayor tiempo posible, mediante la reutilización, reparación, reciclaje y recuperación de recursos. Este modelo no solo mejora la eficiencia en el uso de los recursos, sino que también abre oportunidades para optimizar costos, innovar y desarrollar nuevas soluciones de negocio.

En Uruguay, la transición hacia la economía circular se ve impulsada por nuevos marcos regulatorios que promueven una mejor gestión de residuos y refuerzan el compromiso de las empresas en el ciclo de vida de los productos. En este contexto, cobra especial relevancia el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que establece que quienes fabrican, importan o comercializan determinados productos deben asumir un rol activo en la gestión de los residuos que estos generan al final de su vida útil, participando en sistemas de recolección, reciclaje o valorización.

De la teoría a la acción

En línea con estos principios, Uruguay ha desarrollado un marco normativo específico para la gestión de distintos tipos de residuos. A partir de la Ley de Gestión Integral de Residuos de 2019, se han aprobado diversos decretos y planes que establecen obligaciones concretas para las empresas.

A continuación, presentamos los decretos y planes más relevantes:

1. Decreto 292/024: Gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Principales lineamientos:

• Planes de gestión: Los fabricantes, importadores y distribuidores deben implementar o unirse a un plan de gestión para recolectar y reciclar equipos al final de su vida útil.  
• Registro obligatorio: Las empresas deben inscribirse en el registro del Ministerio de Ambiente.  
• Diseño sostenible:  promueve productos que sean más duraderos, reparables y reciclables.
• Colaboración en la recolección: Los minoristas deben participar en sistemas de recolección, los usuarios corporativos específicos deben implementar protocolos de gestión interna. El decreto también exige acciones de educación y sensibilización ambiental para informar a los consumidores sobre cómo disponer correctamente los residuos electrónicos y promover su recolección y reciclaje.

2. Decreto 213/025: Gestión de residuos de construcción, renovación o demolición  

Principales lineamientos:

• Minimizar la generación de residuos en el sitio.
• Planes de gestión y trazabilidad: las obras deben contar con planes que contemplen reducción, segregación, valorización y seguimiento de los residuos generados
• Clasificación de residuos: establece la categorización de residuos en generales, específicos y peligrosos, con requisitos diferenciados de gestión.  
• Promover la reutilización de materiales de construcción.  
• Establecer controles estrictos sobre el transporte y la disposición final.  

3. Decreto 227/025: Gestión de baterías usadas  

Ante el crecimiento de la movilidad eléctrica y de los sistemas de almacenamiento energético, este decreto regula la gestión de baterías usadas, incluidas las utilizadas en vehículos eléctricos.

Principales lineamientos:

• Responsabilidad extendida: fabricantes, importadores y distribuidores deben implementar o adherir a planes de gestión para la recolección y reciclaje de baterías al final de su vida útil.  
• Registro y control: obligación de inscribirse en el registro del Ministerio de Ambiente y reportar información sobre las baterías colocadas en el mercado.  
• Trazabilidad: implementación de sistemas de etiquetado e información digital que permitan el seguimiento de las baterías durante todo su ciclo de vida.  
• Alcance ampliado: incluye baterías de más de 1 kW utilizadas en vehículos, maquinaria y sistemas de almacenamiento energético.  
• Economía circular: fomenta el segundo uso de las baterías y la valorización de sus materiales antes de su disposición final.

4. Decreto número 179/025: Donación de alimentos aptos para el consumo humano  

El decreto reglamenta la Ley N.º 20.177, que establece un régimen de donación de alimentos con incentivos fiscales, con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos, fomentar su donación a organizaciones sociales y limitar su disposición final.

Principales lineamientos:

• Facilitar la donación de alimentos mediante mecanismos formales entre donantes y entidades intermediarias.
• Requisitos sanitarios y trazabilidad: los alimentos donados deben cumplir con el Reglamento Bromatológico Nacional y registrarse en un sistema informático administrado por el Ministerio de Ambiente.
• Registro nacional de donaciones: creación de un sistema de registro para el control y seguimiento de las donaciones.
• Incentivos fiscales: beneficios tributarios para las empresas que participan en el sistema de donación.
• Prohibición de disposición final: se prohíbe la eliminación de alimentos aptos para consumo humano.

El Plan Vale: fortaleciendo la recuperación de envases  

Destinado a las empresas que introducen productos envasados en el mercado uruguayo, este plan —creado en 2022— tiene como objetivo recuperar y reciclar los materiales de embalaje que se convierten en residuos luego de su consumo. Es impulsado por la Cámara de Industrias del Uruguay, el Ministerio de Ambiente y los gobiernos departamentales.

En marzo de 2026, el gobierno anunció una inversión de USD 50 millones destinada a fortalecer el plan mediante el desarrollo de infraestructura nacional, mejoras en la logística y la implementación de sistemas de recuperación de materiales.

Otras iniciativas

En 2024, Uruguay lanzó la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC), una hoja de ruta que promueve el uso eficiente de recursos, reducción de residuos y regeneración de ecosistemas, priorizando sectores como biomasa, construcción, energía y movilidad. Posteriormente a fines de 2025, el Ministerio de Ambiente, con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y en el marco del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, impulsó iniciativas como “Uruguay+Circular” y “Transición a Cero Residuos Contra la Contaminación” (SWAP por su sigla en inglés), orientadas a fomentar modelos de producción y consumo sostenibles y mejorar la gestión de residuos, especialmente en el área metropolitana.

Por qué anticipar estos cambios es clave para su éxito:  

La evolución reciente de la regulación ambiental en Uruguay refleja una clara transición hacia modelos de economía circular y responsabilidad compartida. En este contexto, las nuevas normas implican desafíos, como la implementación de sistemas de trazabilidad y la revisión de procesos internos, pero también representan una oportunidad para integrar practicas sostenibles y alinearse con las tendencias globales ESG.

El avance hacia la economía circular no depende solo de las empresas. La concientización de las personas es fundamental para impulsar este cambio. En este sentido, empresas, gobiernos y otras instituciones pueden desempeñar un rol clave promoviendo educación ambiental, incentivos y herramientas que faciliten nuevos hábitos de consumo y gestión de residuos.