Algunas organizaciones construyen narrativas sólidas de sostenibilidad en sus canales de comunicación, mientras sus estados financieros reflejan una realidad distinta. Esta brecha ya no es solo un problema de reputación: es una exposición legal y financiera concreta. Eso ya tiene nombre legal: Se llama greenwashing o also marketing ecológico, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) lo define como la tergiversación —intencionada o por negligencia grave— de las características de sostenibilidad de un producto financiero, o de los compromisos y logros sostenibles de un emisor.
Desde 2025, la SFC monitorea activamente estas prácticas en el sector financiero. Pero es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) la autoridad competente que sanciona la publicidad ambiental engañosa: multas superiores a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), cierres parciales o definitivos, y responsabilidad por violación al Estatuto del Consumidor, la normativa de Publicidad Ambiental y la Ley de Competencia Desleal.
El principio de consistencia no es opcional: lo que una organización comunica públicamente sobre sus compromisos ambientales debe ser consistente con lo que declara en sus estados financieros. Por ejemplo, si se anuncia una meta de reducción de emisiones, esa meta debe reflejarse en los estados contables y en la vida útil de los activos. De lo contrario, se está pisando terreno peligroso.
No es censura. Es coherencia. Y la incoherencia, en el nuevo entorno regulatorio, tiene un costo financiero directo.
La transparencia como ventaja competitiva: la transparencia real es una ventaja competitiva. En 2025, más de 2.000 empresas colombianas reportaron voluntariamente sus datos de sostenibilidad, un 83% más que el año anterior. Este crecimiento no es solo una señal de cultura corporativa, es una respuesta racional a un mercado que ha aprendido a distinguir entre organizaciones que comunican y organizaciones que demuestran. Los inversionistas, los fondos de capital y los aliados comerciales están incorporando esta distinción en sus decisiones.
Comunicar sostenibilidad sin respaldo técnico ya no es solo un riesgo de reputación. Es un riesgo financiero medible.
La pregunta que toda junta directiva debería estar haciendo ahora mismo: ¿Lo que la organización publica en sus canales de comunicación es coherente con su información financiera y operativa? ¿Resistiría un escrutinio regulatorio o una auditoría externa?
Comunicar sostenibilidad sin respaldo técnico y contable ya no es una decisión de marketing. Es una decisión de gestión de riesgo.
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