Las operaciones de fusiones, escisiones y adquisiciones constituyen instrumentos esenciales de reorganización empresarial, pero también generan un notable volumen de litigiosidad en sede judicial. Los conflictos procesales que emergen tras su ejecución se concentran, de forma recurrente, en tres ámbitos: la ejecución de garantías contractuales derivadas de la operación, la impugnación de planes de reestructuración homologados judicialmente y los litigios post M&A vinculados al cumplimiento de los compromisos asumidos entre las partes. 

El examen de estas controversias revela no solo la complejidad técnica que presenten en términos probatorios y procesales, sino también la necesidad de diseñar soluciones estratégicas que permitan a clientes e inversores minimizar riesgos y asegurar la eficacia de las operaciones en los Tribunales. 

 

¿Cuáles son los principales conflictos? 

 

1. Ejecución de garantías contractuales 

Los contratos de compraventa de empresas incluyen manifestaciones y garantías (reps & warranties), mecanismos de ajuste de precio y garantías accesorias. Los conflictos judiciales suelen girar en torno a: 

  • Contingencias ocultas: deudas fiscales, pasivos contingentes, litigios pendientes.
  • Disputas sobre earn-outs o locked box: interpretaciones de indicadores financieros, manipulación de cuentas o incumplimiento de métricas de resultados.
  • Ejecución de garantías reales o personales: reclamaciones de cantidad, ejecuciones hipotecarias o solicitud de medidas cautelares para inmovilizar activos. 

2. Impugnación de planes de reestructuración

 Con la nueva regulación concursal, los planes de reestructuración homologados judicialmente son cada vez más frecuentes. Los conflictos procesales más habituales son: 

  • Impugnación por trato discriminatorio entre acreedores.
  • Cuestionamiento del perímetro de afectación o la información facilitada.
  • Recursos por incumplimiento de mayorías o por falta de viabilidad real del plan. 

3. Litigios post- M&A

Más allá de la ejecución de garantías, surgen otros procesos ligados al cumplimiento del contrato: 

  • Reclamaciones de precio aplazado o condicionado.
  • Conflictos entre socios minoritarios y mayoritarios tras integraciones.
  • Acciones de responsabilidad contra administradores por ocultación de pasivo o falta de diligencia en la operación. 

 

Dificultades procesales

 

 La práctica procesal revela que este tipo de conflictos presentan retos singulares que condicionan la viabilidad de las reclamaciones:  

  • Complejidad probatoria: Demostrar el incumplimiento de una garantía o la existencia de contingencias ocultas exige acreditar hechos de naturaleza contable o financiera mediante informes periciales especializados. La dificultad radica en trasladar esta prueba técnica al marco procesal civil, con los límites de la inmediación y la contradicción.
  • Como señala Díez-Picazo, “la prueba en el proceso mercantil contemporáneo se convierte en un campo técnico que desborda el conocimiento jurídico tradicional” (Revista de Derecho Mercantil, 2023)
  • Pluralidad de procedimientos: la concurrencia de acciones paralelas (civiles, mercantiles o concursales) genera riesgos de litispendencia, acumulación y resoluciones contradictorias, obligando a una estrategia procesal de coordinación para no perder eficacia.
  • Plazos procesales ajustados: en la impugnación de planes de reestructuración los plazos son especialmente breves, lo que exige una preparación previa exhaustiva para no perder oportunidades procesales determinantes en la resolución de la litis. 

 

Posibles soluciones para ofrecer al cliente

 

 Desde la experiencia práctica de nuestra marca, conviene recomendar a las empresas y a los inversores que para afrontar este tipo de operaciones y los litigios posteriores deben: 

Diseñar cláusulas claras de resolución de disputas como es la determinación de la jurisdicción, arbitraje, nombramiento de expertos independientes, intentando, de ese modo, reducir la inseguridad procesal. 

Procedimiento ordinario declarativo: es la vía principal para reclamar el cumplimiento de garantías contractuales o el pago de precios aplazados. Su ventaja es la posibilidad de acumular pretensiones en un mismo procedimiento, evitando resoluciones fragmentadas o ralentizaciones de estas por prejudicialidad. 

  • Medidas cautelares previas o coetáneas: cuando exista peligro de que la otra parte dilapide activos o frustre la ejecución futura, resulta recomendable solicitar embargo preventivo, anotación registral o incluso la administración judicial de bienes. Estas medidas, reguladas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, permiten asegurar la eficacia práctica de la eventual sentencia estimatoria.
  • Anticipar informes periciales independientes en la fase pre contenciosa, evitando su aportando extemporánea o sorpresas en los días previos a la celebración del juicio.
  • Planificar la estrategia procesal como parte integral de la operación y no como un elemento aislado y accesorio tras el cierre de la transacción. 

Las reestructuraciones y operaciones M&A no terminan con la firma del contrato, abren un escenario procesal propio en el que se disputan garantías, planes, compromisos post clausura. El reto para los procesalistas es combinar la visión preventiva y destreza litigiosa, conscientes de que el éxito de la operación puede juzgarse, en última instancia, en los Tribunales. 

 

 

Autor: Ana de León , abogada de Procesal